Marco Conceptual

Conoce los principales conceptos que te ayudaran a comprender y abordar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Violencia contra las mujeres

La Ley N° 30364, Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, define a la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”. Se entiende por violencia contra las mujeres:

  • La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.
  • La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
  • La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra.

Violencia contra los integrantes del grupo familiar

La Ley N° 30364, la define como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.


Violencia de género

Es cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se trata de aquella violencia que ocurre en las sociedades donde las personas creen en la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, generando privilegios y servicios a favor de aquellas personas que asumen el rol masculino y exigen, a través de la persuasión y sanción social, una subordinación de las personas que asumen conductas tradicionalmente femeninas. Así, la violencia de género, o basada en género, en su mayoría, afecta a mujeres y personas LGTBI que cumplen el rol femenino, asignado por la sociedad.


Tipos de violencia

  • Violencia física.
    Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
  • Violencia psicológica.
    Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.
  • Violencia sexual.
    Acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
  • Violencia económica o patrimonial.
    Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:
    • La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
    • La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
    • La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
    • La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Modalidades de violencias

La Ley 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso en Espacios Públicos, define el acoso como la conducta física o verbal de connotación sexual realizada por una o más personas en contra de una u otra, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos.

Estos pueden ser actos de naturaleza sexual, verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en el transporte o lugares públicos; exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos.

La Ley 28950, define la trata de personas como la conducta dirigida a facilitar la captación, traslado, o retención de personas recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación sexual, esclavitud sexual, explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos.

En el caso de niños, niñas y adolescentes se considera trata incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios antes descritos. En el caso de niños, niñas y adolescentes se considera trata incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios antes descritos. En el Reglamento de la Ley 28950, aprobado por Decreto Supremo 001-2016-IN, se reconoce el enfoque de género, en el artículo 5º literal b.

El acoso político es una manifestación específica de la violencia que se ejerce contra las mujeres de forma reiterada. Incluye “cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”.

La Recomendación 30 de la CEDAW en su artículo 34 señala: “Los conflictos agravan las desigualdades existentes entre los géneros y el riesgo de las mujeres de ser víctimas de distintas formas de violencia por razón de género por parte de agentes estatales y no estatales.

La violencia relacionada con los conflictos se produce en cualquier lugar, por ejemplo, en los hogares, los centros de detención y los campamentos para desplazadas internas y refugiadas; se produce en cualquier momento, por ejemplo, durante la realización de actividades cotidianas como recoger agua y madera o ir a la escuela o al trabajo.

Existen múltiples perpetradores de violencia por razón de género relacionada con los conflictos […] las mujeres y las niñas son objeto cada vez con más frecuencia y deliberadamente de distintas formas de violencia y abusos”. Esto atañe también a otros conflictos derivados de los problemas ambientales o a los que se generan por una situación de desastre de gran magnitud.

La violencia a la que se somete a la mujer en tiempos de paz se extiende y reafirma en situaciones de conflicto armado, ocurriendo una suerte de polarización de los roles de género. El conflicto armado plantea situaciones en donde la violencia sexual contra las mujeres cumple una funcionalidad particular en la disputa por el poder de los grupos en conflicto.

Se puede mencionar dos modalidades de violencia sexual hacia las mujeres en conflicto armado:

  • La agresión sexual ejercida de manera aleatoria contra mujeres y niñas, cuya vulnerabilidad se agrava en medio del desorden y zozobra creados por la situación de conflicto, violencia que puede ser perpetrada tanto por varones de las fuerzas enemigas como del propio grupo, que reafirman su masculinidad a través del comportamiento agresivo y misógino (dicha agresión puede estar acompañada de agresión física violenta).
  • La agresión sexual colectiva ejercida a través de violación en masa de las mujeres del otro grupo en conflicto, utilizada como estrategia deliberada de genocidio, bajo la asociación simbólica de las mujeres con la identidad cultural de su pueblo y de su cuerpo como “territorio” a conquistar. También se recurre a la violación y otras formas de agresión contra las mujeres para reafirmar la dominación de los varones del grupo dominado y humillarlos.

Las tecnologías de la información pueden utilizarse también para cometer actos de violencia de género, como el acoso virtual.

“El acoso virtual, ciberacoso o acoso cibernético, es la acción o conducta realizada por una persona o grupo de personas para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar, con o sin connotación sexual, a través de medios de comunicación digital a una persona, quien rechaza estas acciones por considerar que afectan o vulneran su derecho a la dignidad, a la integridad, a la salud o el derecho a una vida libre de violencia”.

La plataforma Nos protegemos del acoso virtual menciona distintas conductas usadas en los medios virtuales para la perpetuación del acoso virtual, que podrían asumirse como distintas tipologías de acoso sexual:

  • Insultos electrónicos, ofensa con o sin connotación sexual.
  • Hostigamiento, envió reiterado de mensajes ofensivos, con o sin connotación sexual, a través de correo electrónico, chat, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, entre otros.
  • Suplantación, él o la acosador/a se hace pasar por la víctima, usando la contraseña de accesos de sus cuentas online y envía mensajes agresivos u ofensivos a terceras personas.
  • Ciberpersecución, envió frecuente de comunicaciones electrónicas hostigadoras y amenazantes.
  • Happy sleeping, publicación en la red de alguna agresión física grabada son algún medio digital.
  • Extorsión sexual, extorsión sexual o chantaje de una persona hacia otra con imágenes, audios, mensajes o videos de connotación sexual, que generalmente se ha compartido mediante sexting (envió de mensajes, imágenes y videos de contenido erótico o pornográfico mediante dispositivos móviles).
  • Ciberamenaza, intimidación, hostigamiento, humillación, amenazas o molestias a través de mensajes de texto en chat, llamadas o correo electrónico.
  • Stalking, persecución obsesiva a la persona con la que se pretende establecer un contacto personal contra su voluntad. En muchos casos el acosador o acosadora, intenta retomar una relación sentimental que ha tenido con la víctima.
  • Ciberbullying, acto, o actos en el que una persona menor de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor de edad mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas.
  • Grooming, prácticas realizadas por personas adultas para ganarse la confianza de una persona menor de edad fingiendo empatía, cariño, etc., con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor desnudo/a realizando actos sexuales), a través de internet.

El Decreto Legislativo N°1410 que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual, define los siguientes conceptos:

  • Acoso: Comete el delito de acoso el que, de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. Puede no exigirse la reiteración si el resultado ha sido la alteración de la vida cotidiana de la víctima.
  • Chantaje sexual: Existe chantaje sexual cuando se amenaza o intimida a una persona, por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual.

La violencia ejercida por la pareja o expareja es la forma más común de violencia que afecta a las mujeres. Se manifiesta en violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Esta modalidad de violencia fue hasta hace poco un problema poco visibilizado y sub registrado, ya que subsistía la creencia de que se trataba de un asunto privado, normal y legítimo que no debe ventilarse públicamente.

En el Perú el 57,7% (ENDES-INEI 2019) de mujeres de 15 a 49 años alguna vez unidas ha sufrido algún tipo de violencia (psicológica, física o sexual) por parte de su pareja.

De acuerdo con la OMS, 2013, la violencia que ejerce el compañero íntimo se sostiene en un conjunto de creencias que se detalla a continuación:

  • El hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer y es considerado socialmente superior.
  • El hombre tiene derecho a castigar físicamente a la mujer por un comportamiento “incorrecto”.
  • La violencia física es una forma aceptable de resolver conflictos en una relación.
  • Las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio.
  • La mujer debe tolerar la violencia para mantener unida a su familia.
  • Hay veces en que una mujer merece golpearse.
  • La actividad sexual (incluida la violación) es un indicador de masculinidad.
  • Las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre.

Es el homicidio de una mujer por su condición de tal, es decir, por el hecho de ser mujer . La Política Nacional de Igualdad de Género , lo define como “la muerte de mujeres a manos de hombres motivada por el odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre la mujer, es decir sexismo”.

Puede ocurrir en contextos diversos: en situación de violencia familiar por parte de la pareja o expareja, como producto de hostigamiento o acoso sexual, o de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente, o en el contexto de cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.

La Ley N° 27942, lo define como la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante.

El hostigamiento sexual puede manifestarse, a través de la promesa implícita o expresa a la víctima, trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Amenazas, uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual. Acercamientos corporales, roces, tocamientos.

El Decreto Legislativo 1410 incorpora al Código Penal este delito cuando es acompañado de difusión de imágenes, chantaje sexual y se amenaza a la víctima con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales.

Es un tipo de violencia institucional que comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud con relación a los procesos reproductivos de las mujeres y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres.

Se trata de una modalidad específica de violencia institucional ejercida por el sistema de salud, ya sea público o privado, contra el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es una modalidad de violencia altamente naturalizada y poco reconocida aún hoy por las propias mujeres que la padecen, lo cual dificulta su problematización y denuncia.

Se considerarán actos de violencia obstétrica ejercidos por el personal de salud, consistentes en:

  • No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
  • Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical.
  • Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer.
  • Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
  • Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el 14 consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.

Procedimiento quirúrgico de esterilización realizado a una persona contra su voluntad o sin consentimiento libre e informado; son consideradas como una grave violación de derechos humanos, situación que se exacerba cuando ha sido tolerada o promovida por el Estado).

Es un delito grave de violencia sexual, considerado además como crimen de lesa humanidad, tal como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que señala lo siguiente: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

En ese sentido, se está ante un caso de esterilización forzada cuando el autor o autores han privado a una o más personas de su capacidad biológica de reproducción de manera irreversible sin contar con el libre consentimiento de la persona intervenida o cuando se haya logrado el consentimiento mediante engaño.

Cuando la esterilización ha sido promovida y alentada sistemáticamente desde los servicios de salud públicos es mucho más grave aún, pues se está ante un crimen de lesa humanidad.

Con las mujeres con discapacidad se da una situación de doble discriminación, que da lugar a que formas extremas de violencia como el abuso y la violación sexual queden en la total impunidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al Estado peruano a erradicar y prevenir la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad incorporando perspectivas de género y de discapacidad en todos los programas y asegurando la plena e igual participación de esas mujeres en los procesos de adopción de decisiones; las mujeres y las niñas con discapacidad deben recibir una protección especial a efectos de prevenir y erradicar la violencia contra ella.

Diversos estudios señalan que la violencia es un factor que se asocia al VIH de múltiples maneras: en relaciones de pareja altamente jerarquizadas, expone a las mujeres al contagio, y las lleva a soportar situaciones humillantes y de daño físico por parte de la pareja bajo la amenaza de dar a conocer públicamente su problema, abandonar la casa o quitarle los hijos. Incluye la violencia contra mujeres embarazadas viviendo con VIH, quienes sufren discriminación en el sistema de salud cuando, por ejemplo, se niega el derecho a la cesárea, única vía para evitar el contagio al/a recién nacido/a.

La situación de estar en un país distinto al lugar de origen coloca a las mujeres en una situación de particular vulnerabilidad a ser víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o violencia de género, razón por la cual se deben adoptar medidas específicas que garanticen su protección y debida atención. El artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1236, Decreto Legislativo de Migraciones, señala que “la autoridad migratoria pone en conocimiento de las autoridades competentes aquellos casos…especialmente [de] las víctimas de violencia familiar y sexual, todos ellos extranjeros o extranjeras, para que se adopten las acciones administrativas o jurisdiccionales que corresponden a sus derechos”.

Por razones de género, la prisión para la mujer tiene un significado diferente que para los varones. Además de que la cárcel es de por sí un espacio opresivo, expresa también las desigualdades de género de la sociedad, ya que las mujeres privadas de libertad reciben un tratamiento diferente al de los presos varones dentro del sistema penitenciario. Asimismo, la prisión tiene un significado distinto para las mujeres: no sólo las afecta a ellas sino también a sus hijos, y su ausencia del hogar la llena de culpa por lo que pueda pasarles. La violencia carcelaria también se expresa a través de quienes tienen a su cargo el cuidado de estas mujeres, y se manifiesta en forma de violencia física, sexual y psicológica.

Violencia por orientación sexual se refiere a todo a acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su orientación sexual. La violencia hacia la diversidad sexual tiene como expresión más grave a los homicidios, asesinatos y violaciones sexuales a los cuales se les denomina “crímenes de odio” o “violencia por prejuicio”.

De acuerdo con los Principios de Yogyakarta, “la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso”. En ese sentido, resulta necesaria una comprensión en materia de derechos humanos en toda su extensión y de cómo se aplica a la orientación sexual e identidad de género, entendiendo algunos conceptos, que también están incorporados en la Política Nacional de Igualdad de Género:

  • Orientación sexual
    Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género.
  • Identidad de género
    La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
  • Intersexualidad
    Entendida como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al standard de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente” (Mauro Cabral, 2005). Se refería a la persona que nace con ambos sexos. Actualmente, el término intersex es el más adecuado.
  • Personas LGBTI
    Es el término con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unidad para los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, adopta para agrupar de manera sencilla las categorías de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Algunos términos relacionados con la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar

  • Víctima

    Se denomina víctima a la mujer o integrante del grupo familiar que ha sufrido daño ocasionado por cualquier acción u omisión identificada como violencia según los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 306364.

    Las niñas, niños y adolescentes, que hayan estado presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia en el contexto de la violencia, también son consideradas víctimas. Se incluye, además, a la familia del entorno inmediato o a las personas que están a cargo de la víctima.

  • Personas en situación de vulnerabilidad

    Son las personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

    Pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual y la privación de libertad.

  • Revictimización

    Se entiende como las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar adoptan las medidas adecuadas para erradicar la revictimización considerando la especial situación de la víctima.

  • Ficha de Valoración del Riesgo (FVR)

    Es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la administración de justicia y tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada. Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio.