Es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, con el fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación. Para tal efecto, coordina, planifica, organiza y ejecuta articuladamente la acción del Estado y promueve la participación ciudadana. Asimismo, coordina con el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente.
1. Implementar un sistema de atención integral, de calidad, articulado y oportuno que permita la detección de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, el cese de las diversas manifestaciones de violencia, brindar a las víctimas protección efectiva y apoyo necesario para hacer posible su recuperación; y sancionar a las personas agresoras e involucrarlas en procesos de reeducación.
2. Desarrollar acciones orientadas a cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; adoptando todas las medidas necesarias para lograr una sociedad igualitaria, garantizando el respeto a la dignidad humana y al derecho a una vida libre de violencia, removiéndose los obstáculos que impiden el ejercicio pleno del derecho a la igualdad.
3. Hacer seguimiento y monitoreo de las políticas, planes, programas y acciones multisectoriales orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
4. Garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y planes nacionales en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar con la participación de las entidades del Estado, a nivel multisectorial, intergubernamental e interinstitucional.
5. Promover, coordinar y articular la participación de las diferentes instituciones públicas, sociedad civil organizada, sector privado y medios de comunicación a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Especialización. Brindar atención diferenciada y especializada de acuerdo con las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres e integrantes del grupo familiar o de riesgo, como es el caso de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Intersectorialidad. Desarrollar acciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma continua, articulando entre las instituciones del Estado y en los tres niveles de gobierno, que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del grupo familiar.
Participación ciudadana. Responsabilidad integral de la sociedad civil, incluidos entre otros, el sector empresarial, asociaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, y medios de comunicación, en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Principio del interés superior de la niña, el niño y adolescente. El interés superior de la niña, niño y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.
Principio Territorial. Principio que considera al territorio como un conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos, conocimientos técnicos, etc. El Principio territorial aporta una visión global y nueva de la zona de intervención que sirve de base para definir un plan de acción local adaptado a la situación de territorio. Este proceso busca el desarrollo para su territorio, en forma concertada con las poblaciones y las autoridades, de nivel local, regional y nacional que ejerzan competencia en el territorio.
Son componentes del Sistema Nacional las instancias de coordinación interinstitucional en los distintos niveles de gobierno, así como las entidades que los integran:
Es el máximo organismo del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. La Comisión está integrada por la o el titular de los siguientes Ministerios e instituciones:
Directorio de integrantes de la CMAN (actualizado al 12 de marzo 2021)
La Dirección General Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asume la Secretaria Técnica y es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer a la Comisión las políticas, los planes, programas y proyectos para su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel nacional. La Secretaría elabora los lineamientos para el funcionamiento de las instancias regionales, provinciales y distritales encargadas de combatir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Los Gobiernos Regionales, mediante una ordenanza, disponen la creación de la Instancia Regional de Concertación. La Gerencia de Desarrollo Social de la Región asume la Secretaría Técnica de esta instancia.
Ordenanza Regional de creación de la Instancia Regional (O.R. N° 24-2017-RMDD/CR)
Son instrumentos del Sistema Nacional:
Tiene como objetivo articular intersectorialmente los procedimientos, acciones y servicios vinculados al abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Ámbitos de actuación del protocolo base de actuación conjunta:
Los ministerios, así como los gobiernos regionales y locales contribuyen a la implementación del Protocolo Base de Actuación Conjunto en el marco de sus competencias.
Es la herramienta para los operadores de justicia y para el sistema de atención y protección. Permite el registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con información confiable, oportuna y útil con precisión en los datos de la víctima y del agresor como: tipificación, causas y consecuencias de la violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos necesarios.
Se encuentra a cargo de una Comisión Coordinadora (RUVA) presidida por MP e integrada por PJ, PNP y MIMP. El registro debe contener la siguiente información:
Es un mecanismo de articulación intersectorial del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que tiene por finalidad elaborar informes, estudios y propuestas en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, priorizando de forma especial la violencia de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, entre otros.
El Observatorio desarrolla un sistema de información permanente que brinda insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Todas las entidades integrantes del sistema proporcionan información estadística y de las acciones desarrolladas en el ámbito de su competencia para el seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta materia.
El Observatorio cuenta con un Consejo Directivo, que es el máximo órgano de dirección y ejecución; integrado por los representantes de alto nivel de las siguientes instituciones:
La Dirección Ejecutiva del Centro de Altos Estudios constituye el órgano de gestión que está a cargo de un Comité Ejecutivo adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se encuentra presidido por el MIMP y está integrado por representantes de alto nivel de la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene como principal función la articulación de esfuerzos del Estado para desarrollar acciones de capacitación, formación y especialización sobre la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco del Sistema Nacional.
Se conforma un Comité Consultivo presidido por el MIMP e integrado por los y las representantes de las universidades y centros de investigación interesados en la problemática de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar entre otros.